Expertos internacionales debatirán sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Pontificia Universidad Católica del Perú

En pocas semanas 60 Mandatarios europeos, latinoamericanos y del Caribe se congregarán en nuestro país para la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), en la que discutirán temas de interés mutuo y así acordar acciones concretas sobre los dos ejes centrales de dicha reunión: Pobreza, desigualdad e inclusión y Desarrollo sostenible: medio ambiente; cambio climático; energía.

En ese marco,  el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (IDEI), el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Comisión Europea y la Embajada de Francia en el Perú, han organizado el Seminario Protección del Medio Ambiente Desarrollo Sostenible y Nuevas Oportunidades Económicas, el cual se llevará a cabo los días miércoles 16 y jueves 17 de abril en el Auditorio del Centro Cultural PUCP (5to Piso), Av. Camino Real 1075 – San Isidro.  Ingreso Libre.

Durante esos días, especialistas nacionales e internacionales, de diferentes instituciones, a través de diversos paneles, dialogarán y propondrán, acciones y estrategias frente al Cambio Climático para la adaptación y mitigación del cambio y sus efectos en la Región.

PROGRAMA COMPLETO AQUÍ.

Fuente: propia

Revista Iberoamericana de Economía y Ecología

(Dogma de fe de la planificación del agua desde la revolución industrial hasta finales del siglo XX)

15-02-2008 -

1Permitidme, estimados lectores, liberarme de la coraza de la experiencia profesional de más de vente años trabajando en el mundo del agua para expresar con absoluta franqueza i máxima transparencia de dónde venimos, dónde estamos i qué hace falta hacer para salirnos del atolladero donde nos encontramos. Creo que un boletín como el vuestro (“El Corriol"”) es un marco envidiable para ejercer este grado de libertad.

¿Y cuál es este atolladero? Muy simple: seis decretos de sequía desde el año 1990, lo que supone un ciclo de sequía cada tres años. La actual, iniciada con una reducción de la pluviometría durante el segundo semestre del 2004, ha situado los embalses de Cataluña en unos niveles preocupantes del 25% de agua almacenada, a solo 5 puntos porcentuales de lograr el nivel que obligará a restricciones en el ámbito urbano. Restricciones que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no desemboquen en cortes de agua en las ciudades, ya que se están articulando i ejecutando medidas paliativas y de contingencia que aportarán nuevos recursos mientras no llueva. 

Algunas de estas ya las conocéis a través de los grandes titulares de la prensa (barcos cisterna), otras, pese haber sido comunicadas a la prensa, no han sido objeto de titulares (recuperación de pozos, intensificación en la explotación de las aguas subterráneas); y otras más, sobre las cuales estamos trabajando sin hacer ruido ni aspavientos, serán anunciadas cuando toque. 

La recurrencia de los episodios de sequía en Cataluña es consecuencia de dos cuestiones: la primera tiene mucho que ver con el subtítulo del artículo i ha sido común denominador de las políticas de planificación del agua en Cataluña, en España y en Europa. Un modelo lineal de producción que creía inagotables los recursos naturales en base a la cual el agua era una materia prima más, como el carbón, la madera, el acero o la mano de obra de millones de trabajadores (¡¡lástima que la revolución del proletariado no hubiera contagiado el cambio histórico que supuso al mundo del agua!!). Hasta bien entrada  la segunda mitad del siglo XX la única política que regia la planificación del agua era la oferta. Aquí tenéis un ejemplo: cuando se instauró la Generalitat de Cataluña después de la muerte del dictador, sobre la mesa de quien entonces ejercía las competencias del agua en Cataluña (la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental) había el proyecto redactado en el año 1974 por el MOPU y titulado “Acueducto Ebro-Pirineo Oriental” que planteaba el trasvase desde el río Ebro hacia Tarragona y Barcelona de 1.400 hm3/año. Para que os hagáis una idea de la magnitud que suponía este volumen, deciros que es el equivalente a multiplicar por dos la totalidad del consumo de todas las redes de abastecimiento urbano de Cataluña durante un año (750 hm3) ¡¡a fecha de hoy!!

Las consecuencias de esta gestión de la oferta, como si el agua fuera infinita, malogró la calidad de nuestros ríos y nuestras aguas subterráneas y aguas litorales. “Si se echa a perder nuestra agua, ningún problema, ya la traeremos de donde sea” postulaban satisfechos los estadistas de la época. Por suerte para todos, en Octubre del año 2000, justo al inicio del cambio de siglo, la Unión Europea aprobaba la Directiva Marco del Agua, normativa de obligado cumplimiento para los Estados que conforman la Unión y que establece un giro copernicano y radical en la gestión del agua en nuestro continente: el agua no es un recurso infinito, no es un bien comercial, sino una parte indisociable del medio ambiente y, por lo tanto, hace falta preservarla en el medio con calidad. Y la calidad es cantidad, y hace falta usarla eficientemente a partir de políticas de gestión de la demanda y con una plena implicación de la ciudadanía mediante procesos de participación que incidan en las planificaciones del agua por parte de los Estados. En resumen, la Directiva entierra un modelo predador del agua, la eleva a la categoría de elemento vital para los ecosistemas y democratiza la gestión esclerótica de los entes administrativos. Por eso comentaba anteriormente que ojalá esta revolución que ha supuesto la Directiva Marco del Agua hubiera llegado con la del proletariado. 

La segunda cuestión tiene que ver con algo específico de Cataluña: la tacañería política basada en esconder la cabeza bajo el ala y entender que el agua no es un problema de país, de estructura territorial, de modelo de desarrollo, sino un problema que tiene que resolver la administración del agua, es decir, la Agencia Catalana del Agua. ¿Queréis un ejemplo? Esto que llamamos sistema Ter-Llobregat, es decir, el ámbito satisfecho por las aguas superficiales de los ríos Ter y Llobregat y donde vive el 82% de la población de toda Cataluña (regiones metropolitanas de Barcelona, Girona, Maresme, Costa Brava) ha aumentado en más de dos millones la población desde que se trasvaso el Ter en el año 1966. ¿Qué se ha hecho desde el 1966 hasta ahora para satisfacer las demandas de 2 millones de personas y las actividades económicas desarrolladas? Qué agua se ha puesto a disposición? El embalse de La Baells en el año 1976 y el de la Llosa del Cavall el año 2001. Con estos embalses la cuenca del Llobregat ha incrementado un 20% más la capacidad de regulación o, dicho de otra manera, ha ganado la aportación de una garantía adicional de agua equivalente a 60 hm3, 60 días del consumo de la Región Metropolitana de Barcelona. Es decir, en 40 años (1966-2006), con 2 millones más de personas, ¡¡sólo hemos sabido aportar 60 días de consumo!!.

Venimos, entonces, de donde venimos y por eso estamos donde estamos. Pero el rumbo ha cambiado, y el actual gobierno de la Generalitat ha entendido que Cataluña no tiene que abrazar  la Directiva Marco del Agua por obligado cumplimiento (es curioso, pero el Gobierno del Partido Popular, en base a la dicha directiva planteó el trasvase del Ebro), sino por convencimiento, y apuesta claramente por un modelo de gestión del agua basado en la suma integral de soluciones: la eficiencia en el uso del agua, es decir, misma producción con menor dotación de agua ( en casa, en el campo, en la industria). La reutilización del agua depurada para, debidamente tratada, destinarla a usos industriales, agrícolas, municipales, lúdicos i ambientales (recarga de acuíferos y cabales ambientales). La recuperación y descontaminación de las aguas subterráneas, sometidas a decenios de contaminación y sobreexplotación continuadas. La interconexión de las redes de abastecimiento municipal que permiten la flexibilización y la optimización de los recursos disponibles. El saneamiento como pieza clave para disponer de agua en calidad en los ríos (tarea en la que Catalunya ha sido pionera gracias al empuje de hombres como el Consejero Albert Vilalta). Finalmente, la aportación de la desalinización del agua marina como garantía para el futuro.

Todo este sumatorio integral de soluciones ya disponía de actuaciones en ejecución, adjudicadas pendientes de licitación y previstas de licitar, de manera que a partir del 2008 Cataluña empezará a disponer de 180 hm3/año de agua que, en el horizonte 2015, llegarán hasta 300 hm3 lo que permitirá planificar con absoluta tranquilidad (un ciclo de sequía cada 50 años) hasta más allá del 2025, momento en que seremos unos 9 millones de habitantes. Llegados a este punto, solo falta una pequeña cosa y que, cuando queráis, la hablamos: aproximar el precio del agua a su coste. A ver si el gobierno de la Generalitat, como administración usuaria del agua, nos puede ayudar mediante la aportación proveniente de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ha pasado el 2007 y esperemos que continúe este año y hasta el 2013.

Gabriel Borràs

Director del Área de Planificación para el Uso Sostenible del Agua (Agencia Catalana del Agua)

Un basural marino

Un oceanógrafo descubrió el mayor vertedero del mundo en el océano Pacífico. Tiene el tamaño de dos Estados Unidos. La contaminación del océano causa la muerte de más de un millón de pájaros marinos.

08-02-2008 - Una gran "sopa de plástico" que flota en el océano Pacífico con un tamaño dos veces el territorio de Estados Unidos es, según los científicos, el mayor vertedero del mundo. La mancha cubre cerca de 500 millas de la costa de California, rodea Hawaii y se extiende hasta casi Japón, según publica The Independent.

Perú: Ley de la selva para vender la Amazonía

El Ejecutivo ha propuesto al parlamento un proyecto de ley para promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las tierras de la Amazonía.

29-01-2008 - La expresión “ley de la selva” hace referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el país. El Ejecutivo ha propuesto al parlamento un proyecto de ley para promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las tierras de la Amazonía. Diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa al que han denominado la “ley de la selva”, suponemos por la intención del gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva.

Hace un trimestre atrás, el presidente Alan García lanzó su propuesta de poner en valor todos los recursos naturales que no utilizamos para superar, lo que él llama, la filosofía del “perro del hortelano”. García planteó que debía ponerse en valor la Amazonía que tiene 63 millones de hectáreas en las que podría hacerse forestación maderera sobre 8 millones de hectáreas, para lo cual proponía la necesidad de su privatización que asegure la inversión y genere empleo. Aunque existe una ley de promoción de la inversión privada en la reforestación y agroforestería por el cual se puede entregar en concesión las tierras de la Amazonía, García insiste en la propuesta de otorgar en propiedad las tierras.

Cuando García difundió sus ideas, un proyecto de ley que proponía sustituir el “régimen de concesión” vigente por el de “venta”, presentado a finales del 2006, se encontraba en agenda del Congreso de la República. La legislación vigente (Ley 28852) establece que “el Estado podrá adjudicar en concesión mediante subasta pública, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas de su dominio” por un plazo de 60 años, con compromiso de inversión y que no excedan las diez mil hectáreas. La propuesta del Ejecutivo plantea sustituir la concesión por el régimen de venta, adjudicación en propiedad y perpetuidad, con compromiso de inversión y mediante subasta pública, las tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas con capacidad de uso forestal de dominio del Estado. Además, propone ampliar hasta 40 mil hectáreas la extensión a adjudicarse.

La iniciativa tiene dos dictámenes contradictorios, a favor del régimen de venta se ha pronunciado la Comisión Agraria, controlada por el oficialismo al momento de su debate (abril, 2007), y a favor de la vigencia del régimen de concesión lo ha hecho la Comisión de Economía (octubre, 2007). La Comisión Permanente del Congreso de la República no logró un consenso para su aprobación el pasado 23 de enero y ha propuesto reiniciar su debate el próximo miércoles 30.

El dictamen de la Comisión de Economía, a diferencia de la Agraria, recoge diversos puntos de vista en la que sustenta su posición de mantener vigente el régimen de concesión. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto, le expresó a la comisión que “al otorgarse derechos de propiedad se plantea un incentivo perverso que pondría en riesgo la situación del bosque natural y promovería su deforestación”; mientras que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) le manifestó que “el incentivo de otorgar propiedad puede ser contrario al deseado, existiendo el riesgo de que el Estado promueva la deforestación de los bosques primarios del país” y en el mismo sentido lo haría la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) al señalar que “otorgar la propiedad de los recursos forestales puede generar incentivos negativos que originen el aumento en la deforestación del bosque natural, que afecten la diversidad biológica”.

El dictamen añade que el proyecto de ley podría causar impactos ambientales negativos como la “introducción de especies exóticas de plantaciones homogéneas en el bosque amazónico”, que se caracteriza por su diversidad, y que podría generar problemas sociales por la inversión en grandes extensiones de tierras que afectarían a comunidades y desplazar personas, o que un solo grupo podría acaparar las tierras subastadas. La Comisión de Economía considera que, también, podría generar incentivos perversos, pues se estaría otorgando un premio a quien deforeste para lograr nuevos cultivos forestales y concluye su análisis señalando que la alternativa de venta no resulta conveniente para garantizar el desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales.

El proyecto ha generado un debate en torno a los recursos naturales y sectores políticos del parlamento la consideran inconstitucional, ya que según la Constitución Política (Art. 66) los recursos naturales son patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y sólo pueden ser otorgados en concesión a particulares. Además, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Art. 3) considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, e identifica como tal el suelo y las tierras que por su capacidad de uso mayor pueden mantener actividades forestales.

Según datos oficinales del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se estima en 9.7 millones de hectáreas las tierras por reforestar que podrían ser otorgadas en venta de aprobarse el proyecto de ley. A la fecha no se cuenta con un catastro de tierras deforestadas que señale cuales son y la ubicación exacta de las tierras a subastarse, lo que agrega la incertidumbre al debate sobre los posibles impactos de aprobarse la norma. Aún cuando se realice un catastro, llama la atención la norma pues ni en el caso del sector minería, donde se realizaron millonarias inversiones, se ha utilizado el incentivo de otorgar en propiedad las tierras superficiales para el acceso y extracción de un recurso del subsuelo. Parece que esta vez la obsesión de García por la inversión esta llevando a exigir la aprobación de una iniciativa que supera todo el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales, vía concesión, establecido para otros sectores.

De la selva, sus voces

Tanto autoridades políticas y organizaciones sociales de la Amazonía han manifestados su oposición al proyecto de ley. El 24 de enero, en la ciudad de Iquitos, el Frente Patriótico de Loreto realizó una marcha de protesta en rechazo a la iniciativa del gobierno, ya que podría ser una de las regiones más afectadas de aprobarse el proyecto. El presidente regional de San Martín, César Villanueva, otra de las regiones afectadas, ha calificado la ley de inaceptable. Por su parte el congresista por Ucayali, Róger Nájar, ha manifestado que la oposición en el parlamento cerraría filas para impedir que se apruebe la norma. Se anuncia una reunión masiva de diversos sectores amazónicos para la quincena próxima de febrero en la selva central con la finalidad de analizar la iniciativa legal y definir estrategias para defender la Amazonía.

Luis Vittor
Alai

Se han hallado cuatro nuevos factores respecto a 1998 que tienen impacto sobre la salud y el medio ambiente

11-01-2008 - La Alta autoridad provisional sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) se ha pronunciado sobre el maíz Monsanto 810 y ha puesto de relieve "algunos nuevos hechos científicos negativos" que tienen un impacto sobre la flora y la fauna, según indicó su presidente Jean-François Legrand.

Esta semana, en presencia del ministro de Medio Ambiente, Jean-Louis Borloo, y de la secretaria de Estado de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morizet, los expertos de la Alta autoridad mostraron "dudas serias" sobre este tipo de maíz.

Y el presidente Nicolas Sarkozy dejó abierta la posibilidad de establecer una moratoria sobre el cultivo de maíz transgénico si existían "dudas serias" y en tanto la Comisión Europea no tomara una decisión al respecto.

Según Michel Gazay, asistente parlamentario del presidente de la Alta autoridad, se han hallado cuatro nuevos factores respecto a 1998 que tienen impacto sobre la salud y el medio ambiente.

Las conclusiones de la Alta autoridad sobre los OGM deben servir de base para la decisión del Gobierno de activar o no la cláusula de salvaguarda en Bruselas que permite a Francia prohibir en su territorio el cultivo de maíz modificado genéticamente, el único cultivado en Francia.

El Gobierno ha dado a entender que tomará una decisión en las próximas horas sobre la activación de la cláusula.

Ayer mismo, el portavoz gubernamental, Laurent Wauquiez, anunció que el proyecto de ley sobre los Organismos Genéticamente Modificados se presentará en el Senado el próximo 5 de febrero, para que el debate tenga lugar en un ambiente "de serenidad" al tratarse, dijo, de un asunto "extremadamente importante" en Francia.

E.Press

NOTA DE PRENSA 11-05-07

AUDIENCIA PUBLICA EN LA OROYA SOBRE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE DOE RUN PERU. CONGRESISTA RECHAZA CHANTAJE DE EMPRESAS EXTRACTIVAS.

En audiencia publica organizada hoy en la ciudad de La Oroya, la congresista Gloria Ramos manifestó que no se debe hostilizar a las personas que realizan investigaciones y divulgan el tema ambiental. "De lo que se trata es que alternativas damos, porque nos preocupa el problema estamos aquí", declaró. Agregó que el Estado debe exigir a las empresas mineras  que cumplan con sus responsabilidades.  "Cuando se las cuestiona dicen que se van a ir, no podemos permitir el chantaje de las empresas extractivas. Doe Run es norteamericana y ningún pueblo norteamericano aceptaría esta contaminación", concluyó.

La congresista hizo sus comentarios en una audiencia organizada por los congresistas de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Carlos Cánepa,
Juan Perry y Gloria Ramos, en la Sala Parroquial de la Oroya para recoger las opiniones y propuestas de las diversas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento por la Salud de la Oroya. Dichas propuestas serán sistematizadas por la comisión y luego se presentarán en un informe ante el Congreso de la República.  En la audiencia, el Ing. Agustín Mamani, ex Regidor y Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, mencionó en su exposición que el efecto de las emisiones fugitivas es ocho veces mayor que el de las emisiones por chimenea, las cuales también están impactando zonas del Valle del Mantaro, según el informe Klepen. El  Ing. José Mogrovejo, representante de Doe Run Perú, informó sobre los avances que vienen alcanzando en el cumplimiento de su PAMA, mencionando también al grupo de 58 niños con niveles superiores a 45 Ug/dl, que son atendidos en la guardería de Casaracra. En la ciudad de La Oroya hay más de 9.000 niños y jóvenes, quienes, según el Estudio de salud ambiental de la Universidad de St. Louis de Missouri, el 97,2% tiene envenenamiento por plomo.

Por su parte, el  Dr. Hugo Villa Becerra, médico neurólogo de Essalud, en su exposición enfatizó la grave situación de salud de la población oroína, en particular de los niños. Asimismo, mencionó la  recomendación de los médicos reunidos en el Taller Internacional sobre Neurotoxicidad, realizado el año pasado en Brescia - Italia, instando a reducir urgentemente los niveles de exposición al  plomo de 10 Ug/dl a 5 Ug/dl (microgramos por decilitro de sangre) por su alto nivel de toxicidad.  Finalmente, el Dr. Villa invocó a Essalud a involucrarse directamente en la atención del problema de salud de La Oroya. Luego de las exposiciones, dentro de la ronda de oradores, destacó la participación de Aníbal Carhuapoma, Secretario
General del Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, quien instó a unirse a pobladores y empresa en la  solución del problema ambiental. Carhuapoma agregó que por ser trabajadores de Doe Run  no deben permitir ser  manipulados por la empresa. Por su parte, los integrantes del Movimiento por la Salud de la Oroya propusieron que los
congresistas atiendan el problema de La Oroya impulsando la implementación del Plan de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, y que se instale la oficina de OSINERGMIN para una mejor fiscalización de las actividades del Complejo Metalúrgico.
Esta audiencia se originó en la sesión extraordinaria que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos Afroperuanos, Ambiente y Ecología organizó en el Congreso de la República en enero de este año, a fin de hallar soluciones al grave problema de contaminación ambiental que afecta a La Oroya y su población, especialmente a los niños y madres
gestantes.

Movimiento por la Salud de La Oroya/MOSAO  y Mesa Técnica
Tels.  / (51-1) 333-0152 / (51-1) 93696769, (064) 392231,
raulchap@manosperu.org,
marrysol1980@hotmail.com,www.todosobrelaoroya.org