INDEPENDIENTES DEL PERÙ

Publicado el 22 de Abril, 2008, 20:24

Compartimos  Pronunciamiento de vía Campesina en la Conferencia EspeciaL de Para la Soberanía Alimentaria  por los derechos a la Vida espacio que compartimos como aliados desde la Marcha Mundial de Mujeres

Rosa Guillén V.


DECLARACION CONFERENCIA ESPECIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, POR LOS DERECHOS Y LA VIDA
10 – 13 de abril de 2008

La soberanía alimentaria es un principio, un derecho y un legado de las
mujeres rurales, los campesinos, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas
y Pescadores, que fue adoptada por los movimientos sociales para la
construcción de un mundo, de una nueva sociedad, de una nueva forma de
comprender las relaciones políticas, el desarrollo, los derechos
humanos, la democracia y la forma de producir y mantener los alimentos y
los sistemas alimentarios, en un mundo que se desangra día a día por la
vergüenza que significa 81 millones de personas en extrema pobreza, 52
millones de subnutridos y 854 millones en el mundo entero.

En Brasilia, Brasil, entre los días 10 y 13 de abril de 2008, el Comité
Internacional para la Soberanía Alimentaria  CIP (Coordinación Regional
América Latina y El Caribe) facilitó la realización de la Conferencia
Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida
que antecedió a la 30ª Conferencia Regional de la FAO.

Provenientes de 20 países, nos reunimos representantes, hombres y
mujeres, campesinos, trabajadores rurales, pescadores artesanales,
Pueblos Indígenas, Redes y ONG´s, involucrados en la  soberanía
alimentaria y el derecho a la alimentación, para analizar aspectos tales
como el desarrollo económico y social de América Latina, el modelo
industrial de agricultura y pesca y sus efectos climáticos y sociales, y
las alternativas basadas en la soberanía alimentaria. La Conferencia
Especial también tuvo como objetivo dar seguimiento a la Cumbre Mundial
de la Alimentación: 10 años después, al Foro Mundial de Soberanía
Alimentaria de Nyéléni; a la Conferencia Internacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR); elaborar recomendaciones para la
30ª Conferencia Regional de FAO; así como construir un plan de acción de
la sociedad civil fortaleciendo y desarrollando alianzas estratégicas.

Afirmamos que la soberanía alimentaria es un principio, una visión y un
legado construido por los Pueblos Indígenas, Campesinos, Pescadores, las
mujeres, jóvenes y trabajadores rurales que se ha convertido en una
plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la
sociedad toda.

El hambre y la pobreza, no son producto de la casualidad, sino de un
modelo que viola el derecho a la vida digna de las personas y de los
pueblos, acrecentando la subordinación de la mujer, explotando su
trabajo e invisibilizando  su aporte social, económico y cultural. A
pesar de la evidencia en todo el mundo de los nefastos efectos del
modelo neoliberal, el sistema internacional, los gobiernos y las
multinacionales insisten en someter al planeta a un desarrollo que agota
las posibilidades mismas de la vida.

La liberalización económica, como único camino para el desarrollo,
impulsado por la agenda corporativa neoliberal, es directamente
proporcional al crecimiento de la pobreza y el hambre en la región. La
debilidad de los gobiernos de la región para atacar frontalmente estos
flagelos, para profundizar la democracia y la participación, para
detener las tecnologías que atentan a la vida, ha reducido a las
personas a meros agentes productivos, sin historia y sin rostro.

Mientras que las consecuencias del cambio climático confirman las
responsabilidades de las corporaciones transnacionales y los países del
Norte se benefician de las soluciones de mercado, establecidas en el
marco de las negociaciones de la Convención de Cambio Climático y la
complicidad de la mayoría de los gobiernos, el planeta, la tierra, los
océanos y los ecosistemas que mantienen la vida, están en riesgo como
nunca antes en la historia de la humanidad.

En el momento actual, nos encontramos ante la disyuntiva de promover un
modelo basado en los agronegocios, en la pesca de gran escala,
orientados a la exportación y para lucro de unos cuantos, o bien
promover una agricultura campesina, indígena y familiar, con su
diversidad de sistemas productivos basada en relaciones de género
justas, en la enorme riqueza de conocimientos y prácticas acumuladas por
generaciones de hombres y mujeres que busca la producción de alimentos y
el bienestar sostenible de las personas.

De esta forma, la Conferencia Especial interpela  a los gobiernos y a la
FAO en su 30ª Conferencia Regional sobre el papel que les compete en la
protección del derecho a la alimentación.

Causas reales de la pobreza y el hambre

La presión que ejercen las corporaciones y los consorcios industriales
sobre las comunidades y pueblos, los gobiernos y el sistema de Naciones
Unidas, es el resultado de la aplicación sistemática de un esquema
económico a escala mundial, regional y nacional. Con ello pretenden
asegurar el control global sobre la naturaleza, el conocimiento y los
alimentos de los pueblos y garantizar así su hegemonía política,
económica y militar.

Ante esta ideología y modo de explotación del planeta, las mujeres y los
hombres representantes de los movimientos sociales:

- Afirmamos que los sistemas tradicionales de producción de alimentos
constituyen un derecho de los pueblos y son patrimonio de la humanidad.
No pueden ser gestionados bajo la lógica de la Organización Mundial del
Comercio.

- Rechazamos la concentración de la tierra, bosques y agua de los
pueblos en manos de las multinacionales lo que conduce a una guerra por
los alimentos y abre la posibilidad del control político sobre las
naciones. La mercantilización de la tierra impulsada por el Banco
Mundial, que ha dado como resultado una vez más la concentración y la
extranjerización de la tierra, es una de las mayores causas de la
expulsión de campesinos y Pueblos Indígenas de sus tierras y
territorios. Asimismo, las comunidades de pescadores artesanales son
expulsadas de la zona costera y ven sus derechos limitados sobre las
zonas marítimas.  La tierra y los océanos, además de ser medios de
reproducción, son espacios y ambientes de vida, de culturas y
emotividad, de identidad y espiritualidad. Por lo mismo, no son
mercancías, sino componentes fundamentales para la vida, a los cuales se
accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible.

- Rebatimos el argumento sobre la ineficiencia e incapacidad de los
sistemas tradicionales de la agricultura familiar campesina, la pesca
artesanal y de los modos de producción de los pueblos indígenas para
responder a las necesidades crecientes de producción de alimentos. Este
argumento pretende justificar una agricultura sin campesinos, una pesca
sin pescadores y un territorio sin pueblos indígenas en América Latina.

- La crisis del modelo dominante de producción y distribución de
alimentos se refleja hoy, en la especulación a gran escala de los mismos
y en el alza injustificada de los precios. La violencia con que son
reprimidos los pueblos, como los hechos suscitados recientemente en
Haití y en otras partes del mundo, constituye un síntoma evidente de un
problema estructural que, si no es encarado de manera inmediata por los
gobiernos, a través de políticas públicas adecuadas, puede convertirse
en una situación explosiva. Advertimos que esto no puede convertirse en
excusa para el uso de transgénicos, plaguicidas y de tecnologías que
reproducen este modelo de producción.

- Señalamos que el calentamiento global y el cambio climático son
consecuencias del mismo modelo que hemos descrito. En junio de 2008, en
Roma, la FAO ha convocado a una Conferencia de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria y los Desafíos del Cambio Climático y la
Bioenergía. Reclamamos la necesidad de contar con la presencia de las
organizaciones y movimientos sociales, para que representantes de los/as
pequeños/as productores/as de alimentos estén allí presentando
directamente sus propuestas. Los/as agricultores/as campesinos/as, los
pueblos indígenas y las comunidades de pescadores artesanales son
actores clave para hallar soluciones al calentamiento global y el cambio
climático. Urgimos a los gobiernos y a la FAO a asumir sus
responsabilidades frente a las consecuencias de esta crisis.

Hacemos hincapié que la ausencia de derechos es directamente
proporcional al aumento de la pobreza, el hambre y la exclusión. La
falta de soberanía alimentaria compromete gravemente la soberanía de los
propios estados.

La Conferencia Especial declara:

- La recuperación de la autonomía y la soberanía alimentaria, cultural y
política para los pueblos requiere de políticas y programas que fomenten
la producción de la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal
y el trabajo de las recolectoras, como garantía para acceder a alimentos
inocuos, nutritivos y suficientes, y como un aporte económico
fundamental en el sostenimiento de las sociedades actuales.

- La Soberanía Alimentaria debe reconocerse como la forma de ejercer el
Derecho Humano a la Alimentación y el Derecho de Libre-determinación de
los Pueblos. Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y
garantizar estos derechos. Es inadmisible que la implementación del
marco jurídico que garantiza el derecho humano a una alimentación
adecuada sea impuesto sin la participación efectiva de los ciudadanos.
Instamos a la FAO a que desarrolle consultas reales que establezcan
consensos entre los gobiernos y la sociedad civil para la construcción
de leyes de soberanía y seguridad alimentaria.

- Rendimos tributo a la hoja de coca que ha sido utilizada por milenios
por los Pueblos Indígenas de los Andes y que forma parte de su
patrimonio cultural. Rechazamos que la hoja de coca sea declarada como
cultivo ilegal y que se criminalice por este motivo a las comunidades de
campesinos e indígenas, en lugar de perseguir a los  verdaderos
responsables del tráfico de narcóticos que se esconden detrás del
sistema financiero internacional, involucrando incluso altas esferas
políticas y militares.

- Es imperativo que los gobiernos de la región den cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Llamamos a la FAO a promover su
implementación en los diferentes países de la región.

- Los representantes expresan su más enérgico rechazo a la generación,
desarrollo y uso de agrocombustibles y toda la generación de energía a
través de la biomasa, tal como viene siendo promovida por gobiernos,
corporaciones, agencias de ayuda, las Naciones Unidas, las instituciones
financieras internacionales y demás agentes interesados en su producción
a gran escala y en su comercio internacional. El desarrollo y uso de
agrocombustibles no cambia, sino que perpetúa el modelo de producción y
consumo de la civilización moderna, urbana e industrial. Resulta
imperativo que se apruebe la moratoria sobre agrocombustibles. Del mismo
modo, el desarrollo e imposición de organismos genéticamente
modificados, que acompañados de un paquete tecnológico basado en
plaguicidas han ido reemplazando sistemáticamente los cultivos
tradicionales, volviendo cada vez más precaria y dependiente la vida de
los pueblos. Cabe también responsabilidades a los medios masivos de
comunicación y multimedia que manipulan, falsean, ocultan o tergiversan
la información promoviendo este tipo de desarrollo.

- La necesidad de valorar y promover a la agroecología como único modo
de producir alimentos e alta calidad, respetando a los ecosistemas y
reconociendo los conocimientos de los agricultores familiares,
campesinos e indígenas.

- Es urgente que los gobiernos garanticen que la FAO recupere su mandato
original y facilite el mantenimiento y la recuperación de los modos
tradicionales de producción de alimentos asegurando con ello el
bien-estar de los pueblos. La FAO, no debe ser reducida a un órgano
técnico intergubernamental, sino que puede y debe ser un agente activo
en la lucha contra el hambre y la pobreza creando un entorno propicio
para un diálogo eficaz de alto nivel entre los gobiernos y los
movimientos y organizaciones sociales; y comprometiéndose de manera
prioritaria con la realización del derecho a la alimentación en el marco
de la soberanía alimentaria.

- Reiteramos que la FAO y los gobiernos deben dar seguimiento, en forma
efectiva, comprometida y eficaz, a los compromisos adoptados en la
Declaración de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural, CIRADR. No es aceptable que el seguimiento se limite
al financiamiento de una serie de estudios, monitoreos y consultas de
orden técnico. La Reforma Agraria, comprendida en la Declaración final
de la CIRADR, requiere de acciones concretas, del apoyo para la
generación de políticas publicas, visión de estado y compromiso de los
organismos internacionales. De este modo, resulta imperativo crear un
mecanismo de alto nivel para que haya un diálogo político permanente con
los movimientos y organizaciones sociales rurales en el seno de la
Conferencia Regional y de los Comités de Seguridad Alimentaria y
Agricultura, con el fin de definir las políticas publicas y acciones a
tomar y para vigilar regularmente el estado de implementación de los
compromisos adquiridos en la declaración final de la CIRADR. Con
respecto a los dos TCP regionales, proponemos que la FAO convoque a una
mesa de trabajo al CIP y a representantes de movimientos sociales
campesinos, mujeres rurales, indígenas, trabajadores rurales, pescadores
y jóvenes para concretar el diseño y la implementación de los TCP; y
para analizar propuestas como la de las Directrices por el Derecho a la
Tierra o la creación de un centro de reforma agraria.

- Los gobiernos deben asegurar que en el proceso de reforma de la FAO se
mantenga una arquitectura de género permanente, con presupuesto
suficiente y con los debidos mecanismos participativos, de consulta y
toma de decisiones.

- Los y las representantes hacen público su reconocimiento al Ministerio
de Desarrollo Agrario –MDA- y al Ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil, por su apoyo para la realización de esta Conferencia Especial; y
sin cuyo concurso no hubiera sido posible, perdiéndose un mecanismo
político imprescindible para el diálogo entre los gobiernos y los
movimientos y organizaciones sociales, cuestión que hubiera sido
extremadamente grave considerando que en la 30ª Conferencia Regional de
FAO se discutirán precisamente materias relacionadas con el desarrollo
regional y con el seguimiento de la CIRADR.

Finalmente, la Conferencia Especial demanda a los gobiernos
representados en la 30ª Conferencia Regional:

1.- Detener la criminalización de los movimientos sociales y terminar
con la militarización de los territorios de los pueblos y comunidades.
Esta Conferencia manifiesta su solidaridad con todos los hombres y
mujeres del mundo, que por sus luchas se encuentran en las cárceles.

2.- Declarar inmediatamente una moratoria sobre todos los incentivos
agrocombustibles.

3.- La concreción de una Reforma Agraria integral, radical, con la
debida consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los
Pueblos y las comunidades.

4.- La inmediata ratificación por gobiernos del Convenio 184 de la OIT
referente a la salud y seguridad de los trabajadores rurales por los
derechos y por la vida.

5.- Instamos a que los gobiernos de la región y la FAO en particular
adopten medidas urgentes en orden a restablecer los sistemas
alimentarios nacionales de Haití que permitan al pueblo recuperar su
autonomía.

DECLARACION CONFERENCIA ESPECIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, POR LOS DERECHOS Y LA VIDA
10 – 13 de abril de 2008

La soberanía alimentaria es un principio, un derecho y un legado de las
mujeres rurales, los campesinos, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas
y Pescadores, que fue adoptada por los movimientos sociales para la
construcción de un mundo, de una nueva sociedad, de una nueva forma de
comprender las relaciones políticas, el desarrollo, los derechos
humanos, la democracia y la forma de producir y mantener los alimentos y
los sistemas alimentarios, en un mundo que se desangra día a día por la
vergüenza que significa 81 millones de personas en extrema pobreza, 52
millones de subnutridos y 854 millones en el mundo entero.

En Brasilia, Brasil, entre los días 10 y 13 de abril de 2008, el Comité
Internacional para la Soberanía Alimentaria  CIP (Coordinación Regional
América Latina y El Caribe) facilitó la realización de la Conferencia
Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida
que antecedió a la 30ª Conferencia Regional de la FAO.

Provenientes de 20 países, nos reunimos representantes, hombres y
mujeres, campesinos, trabajadores rurales, pescadores artesanales,
Pueblos Indígenas, Redes y ONG´s, involucrados en la  soberanía
alimentaria y el derecho a la alimentación, para analizar aspectos tales
como el desarrollo económico y social de América Latina, el modelo
industrial de agricultura y pesca y sus efectos climáticos y sociales, y
las alternativas basadas en la soberanía alimentaria. La Conferencia
Especial también tuvo como objetivo dar seguimiento a la Cumbre Mundial
de la Alimentación: 10 años después, al Foro Mundial de Soberanía
Alimentaria de Nyéléni; a la Conferencia Internacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR); elaborar recomendaciones para la
30ª Conferencia Regional de FAO; así como construir un plan de acción de
la sociedad civil fortaleciendo y desarrollando alianzas estratégicas.

Afirmamos que la soberanía alimentaria es un principio, una visión y un
legado construido por los Pueblos Indígenas, Campesinos, Pescadores, las
mujeres, jóvenes y trabajadores rurales que se ha convertido en una
plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la
sociedad toda.

El hambre y la pobreza, no son producto de la casualidad, sino de un
modelo que viola el derecho a la vida digna de las personas y de los
pueblos, acrecentando la subordinación de la mujer, explotando su
trabajo e invisibilizando  su aporte social, económico y cultural. A
pesar de la evidencia en todo el mundo de los nefastos efectos del
modelo neoliberal, el sistema internacional, los gobiernos y las
multinacionales insisten en someter al planeta a un desarrollo que agota
las posibilidades mismas de la vida.

La liberalización económica, como único camino para el desarrollo,
impulsado por la agenda corporativa neoliberal, es directamente
proporcional al crecimiento de la pobreza y el hambre en la región. La
debilidad de los gobiernos de la región para atacar frontalmente estos
flagelos, para profundizar la democracia y la participación, para
detener las tecnologías que atentan a la vida, ha reducido a las
personas a meros agentes productivos, sin historia y sin rostro.

Mientras que las consecuencias del cambio climático confirman las
responsabilidades de las corporaciones transnacionales y los países del
Norte se benefician de las soluciones de mercado, establecidas en el
marco de las negociaciones de la Convención de Cambio Climático y la
complicidad de la mayoría de los gobiernos, el planeta, la tierra, los
océanos y los ecosistemas que mantienen la vida, están en riesgo como
nunca antes en la historia de la humanidad.

En el momento actual, nos encontramos ante la disyuntiva de promover un
modelo basado en los agronegocios, en la pesca de gran escala,
orientados a la exportación y para lucro de unos cuantos, o bien
promover una agricultura campesina, indígena y familiar, con su
diversidad de sistemas productivos basada en relaciones de género
justas, en la enorme riqueza de conocimientos y prácticas acumuladas por
generaciones de hombres y mujeres que busca la producción de alimentos y
el bienestar sostenible de las personas.

De esta forma, la Conferencia Especial interpela  a los gobiernos y a la
FAO en su 30ª Conferencia Regional sobre el papel que les compete en la
protección del derecho a la alimentación.

Causas reales de la pobreza y el hambre

La presión que ejercen las corporaciones y los consorcios industriales
sobre las comunidades y pueblos, los gobiernos y el sistema de Naciones
Unidas, es el resultado de la aplicación sistemática de un esquema
económico a escala mundial, regional y nacional. Con ello pretenden
asegurar el control global sobre la naturaleza, el conocimiento y los
alimentos de los pueblos y garantizar así su hegemonía política,
económica y militar.

Ante esta ideología y modo de explotación del planeta, las mujeres y los
hombres representantes de los movimientos sociales:

- Afirmamos que los sistemas tradicionales de producción de alimentos
constituyen un derecho de los pueblos y son patrimonio de la humanidad.
No pueden ser gestionados bajo la lógica de la Organización Mundial del
Comercio.

- Rechazamos la concentración de la tierra, bosques y agua de los
pueblos en manos de las multinacionales lo que conduce a una guerra por
los alimentos y abre la posibilidad del control político sobre las
naciones. La mercantilización de la tierra impulsada por el Banco
Mundial, que ha dado como resultado una vez más la concentración y la
extranjerización de la tierra, es una de las mayores causas de la
expulsión de campesinos y Pueblos Indígenas de sus tierras y
territorios. Asimismo, las comunidades de pescadores artesanales son
expulsadas de la zona costera y ven sus derechos limitados sobre las
zonas marítimas.  La tierra y los océanos, además de ser medios de
reproducción, son espacios y ambientes de vida, de culturas y
emotividad, de identidad y espiritualidad. Por lo mismo, no son
mercancías, sino componentes fundamentales para la vida, a los cuales se
accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible.

- Rebatimos el argumento sobre la ineficiencia e incapacidad de los
sistemas tradicionales de la agricultura familiar campesina, la pesca
artesanal y de los modos de producción de los pueblos indígenas para
responder a las necesidades crecientes de producción de alimentos. Este
argumento pretende justificar una agricultura sin campesinos, una pesca
sin pescadores y un territorio sin pueblos indígenas en América Latina.

- La crisis del modelo dominante de producción y distribución de
alimentos se refleja hoy, en la especulación a gran escala de los mismos
y en el alza injustificada de los precios. La violencia con que son
reprimidos los pueblos, como los hechos suscitados recientemente en
Haití y en otras partes del mundo, constituye un síntoma evidente de un
problema estructural que, si no es encarado de manera inmediata por los
gobiernos, a través de políticas públicas adecuadas, puede convertirse
en una situación explosiva. Advertimos que esto no puede convertirse en
excusa para el uso de transgénicos, plaguicidas y de tecnologías que
reproducen este modelo de producción.

- Señalamos que el calentamiento global y el cambio climático son
consecuencias del mismo modelo que hemos descrito. En junio de 2008, en
Roma, la FAO ha convocado a una Conferencia de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria y los Desafíos del Cambio Climático y la
Bioenergía. Reclamamos la necesidad de contar con la presencia de las
organizaciones y movimientos sociales, para que representantes de los/as
pequeños/as productores/as de alimentos estén allí presentando
directamente sus propuestas. Los/as agricultores/as campesinos/as, los
pueblos indígenas y las comunidades de pescadores artesanales son
actores clave para hallar soluciones al calentamiento global y el cambio
climático. Urgimos a los gobiernos y a la FAO a asumir sus
responsabilidades frente a las consecuencias de esta crisis.

Hacemos hincapié que la ausencia de derechos es directamente
proporcional al aumento de la pobreza, el hambre y la exclusión. La
falta de soberanía alimentaria compromete gravemente la soberanía de los
propios estados.

La Conferencia Especial declara:

- La recuperación de la autonomía y la soberanía alimentaria, cultural y
política para los pueblos requiere de políticas y programas que fomenten
la producción de la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal
y el trabajo de las recolectoras, como garantía para acceder a alimentos
inocuos, nutritivos y suficientes, y como un aporte económico
fundamental en el sostenimiento de las sociedades actuales.

- La Soberanía Alimentaria debe reconocerse como la forma de ejercer el
Derecho Humano a la Alimentación y el Derecho de Libre-determinación de
los Pueblos. Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y
garantizar estos derechos. Es inadmisible que la implementación del
marco jurídico que garantiza el derecho humano a una alimentación
adecuada sea impuesto sin la participación efectiva de los ciudadanos.
Instamos a la FAO a que desarrolle consultas reales que establezcan
consensos entre los gobiernos y la sociedad civil para la construcción
de leyes de soberanía y seguridad alimentaria.

- Rendimos tributo a la hoja de coca que ha sido utilizada por milenios
por los Pueblos Indígenas de los Andes y que forma parte de su
patrimonio cultural. Rechazamos que la hoja de coca sea declarada como
cultivo ilegal y que se criminalice por este motivo a las comunidades de
campesinos e indígenas, en lugar de perseguir a los  verdaderos
responsables del tráfico de narcóticos que se esconden detrás del
sistema financiero internacional, involucrando incluso altas esferas
políticas y militares.

- Es imperativo que los gobiernos de la región den cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Llamamos a la FAO a promover su
implementación en los diferentes países de la región.

- Los representantes expresan su más enérgico rechazo a la generación,
desarrollo y uso de agrocombustibles y toda la generación de energía a
través de la biomasa, tal como viene siendo promovida por gobiernos,
corporaciones, agencias de ayuda, las Naciones Unidas, las instituciones
financieras internacionales y demás agentes interesados en su producción
a gran escala y en su comercio internacional. El desarrollo y uso de
agrocombustibles no cambia, sino que perpetúa el modelo de producción y
consumo de la civilización moderna, urbana e industrial. Resulta
imperativo que se apruebe la moratoria sobre agrocombustibles. Del mismo
modo, el desarrollo e imposición de organismos genéticamente
modificados, que acompañados de un paquete tecnológico basado en
plaguicidas han ido reemplazando sistemáticamente los cultivos
tradicionales, volviendo cada vez más precaria y dependiente la vida de
los pueblos. Cabe también responsabilidades a los medios masivos de
comunicación y multimedia que manipulan, falsean, ocultan o tergiversan
la información promoviendo este tipo de desarrollo.

- La necesidad de valorar y promover a la agroecología como único modo
de producir alimentos e alta calidad, respetando a los ecosistemas y
reconociendo los conocimientos de los agricultores familiares,
campesinos e indígenas.

- Es urgente que los gobiernos garanticen que la FAO recupere su mandato
original y facilite el mantenimiento y la recuperación de los modos
tradicionales de producción de alimentos asegurando con ello el
bien-estar de los pueblos. La FAO, no debe ser reducida a un órgano
técnico intergubernamental, sino que puede y debe ser un agente activo
en la lucha contra el hambre y la pobreza creando un entorno propicio
para un diálogo eficaz de alto nivel entre los gobiernos y los
movimientos y organizaciones sociales; y comprometiéndose de manera
prioritaria con la realización del derecho a la alimentación en el marco
de la soberanía alimentaria.

- Reiteramos que la FAO y los gobiernos deben dar seguimiento, en forma
efectiva, comprometida y eficaz, a los compromisos adoptados en la
Declaración de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural, CIRADR. No es aceptable que el seguimiento se limite
al financiamiento de una serie de estudios, monitoreos y consultas de
orden técnico. La Reforma Agraria, comprendida en la Declaración final
de la CIRADR, requiere de acciones concretas, del apoyo para la
generación de políticas publicas, visión de estado y compromiso de los
organismos internacionales. De este modo, resulta imperativo crear un
mecanismo de alto nivel para que haya un diálogo político permanente con
los movimientos y organizaciones sociales rurales en el seno de la
Conferencia Regional y de los Comités de Seguridad Alimentaria y
Agricultura, con el fin de definir las políticas publicas y acciones a
tomar y para vigilar regularmente el estado de implementación de los
compromisos adquiridos en la declaración final de la CIRADR. Con
respecto a los dos TCP regionales, proponemos que la FAO convoque a una
mesa de trabajo al CIP y a representantes de movimientos sociales
campesinos, mujeres rurales, indígenas, trabajadores rurales, pescadores
y jóvenes para concretar el diseño y la implementación de los TCP; y
para analizar propuestas como la de las Directrices por el Derecho a la
Tierra o la creación de un centro de reforma agraria.

- Los gobiernos deben asegurar que en el proceso de reforma de la FAO se
mantenga una arquitectura de género permanente, con presupuesto
suficiente y con los debidos mecanismos participativos, de consulta y
toma de decisiones.

- Los y las representantes hacen público su reconocimiento al Ministerio
de Desarrollo Agrario –MDA- y al Ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil, por su apoyo para la realización de esta Conferencia Especial; y
sin cuyo concurso no hubiera sido posible, perdiéndose un mecanismo
político imprescindible para el diálogo entre los gobiernos y los
movimientos y organizaciones sociales, cuestión que hubiera sido
extremadamente grave considerando que en la 30ª Conferencia Regional de
FAO se discutirán precisamente materias relacionadas con el desarrollo
regional y con el seguimiento de la CIRADR.

Finalmente, la Conferencia Especial demanda a los gobiernos
representados en la 30ª Conferencia Regional:

1.- Detener la criminalización de los movimientos sociales y terminar
con la militarización de los territorios de los pueblos y comunidades.
Esta Conferencia manifiesta su solidaridad con todos los hombres y
mujeres del mundo, que por sus luchas se encuentran en las cárceles.

2.- Declarar inmediatamente una moratoria sobre todos los incentivos
agrocombustibles.

3.- La concreción de una Reforma Agraria integral, radical, con la
debida consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los
Pueblos y las comunidades.

4.- La inmediata ratificación por gobiernos del Convenio 184 de la OIT
referente a la salud y seguridad de los trabajadores rurales por los
derechos y por la vida.

5.- Instamos a que los gobiernos de la región y la FAO en particular
adopten medidas urgentes en orden a restablecer los sistemas
alimentarios nacionales de Haití que permitan al pueblo recuperar su
autonomía.
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