INDEPENDIENTES DEL PERÙ

Publicado el 25 de Febrero, 2008, 10:16

Los Derechos Humanos, son para todos iguales, en el lugar donde se encuentren, en cualquier parte del mundo. Los derechos no se negocian, ni se restringen, lo demás son leyes y normas para el bienestar de las relaciones humanas, y la buena estadía en lugares que no son suyos.

La dignidad humana no se entiende sin derechos

El Tribunal Constitucional considera los derechos de libertad de reunión y manifestación, libertad de asociación, y libertad de sindicación y huelga, imprescindibles para la garantía de la dignidad humana.

25-02-2008 - El Tribunal Constitucional exige al legislador que establezca las condiciones de ejercicio de los derechos de reunión, asociación y sindicación por parte de los extranjeros que carecen de la correspondiente autorización de estancia o residencia en España.

A efectos de resolver la cuestión sobre las facultades del legislador de limitar el ejercicio por ciudadanos extranjeros de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española resulta decisivo el grado de conexión con la dignidad humana que mantiene un concreto derecho. Respecto de los derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad humana el legislador goza de una limitada libertad de configuración legal, porque al legislar sobre ellos no podrá modular o atemperar su contenido ni por supuesto negar su ejercicio a los extranjeros, cualquiera que sea su situación, ya que se trata de derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano.

A juicio del TC, en el presente caso no procede declarar la nulidad de los artículos de la Ley Orgánica 8/2000 que garantizan los derechos de reunión, asociación y sindicación a los extranjeros que hayan obtenido autorización de estancia o residencia en España, porque ello produciría un vacío legal que no sería conforme a la Constitución, pues conduciría a la denegación de tales derechos a todos los extranjeros en España, con independencia de su situación. Tampoco procede declarar la nulidad solo del inciso “y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España”, que figura en cada uno de aquellos artículos, puesto que ello entrañaría una clara alteración de la voluntad del legislador, ya que de este modo se equipararía plenamente a todos los extranjeros, con independencia de su situación administrativa, en el ejercicio de los señalados derechos.

No corresponde al TC decidir una determinada opción en materia de extranjería, ya que su pronunciamiento debe limitarse, en todo caso, a declarar si tiene o no cabida en nuestra Constitución aquélla que se somete a su enjuiciamiento. De ahí que la inconstitucionalidad apreciada exija que sea el legislador, dentro de la libertad de configuración normativa, derivada de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica libertad democrática, el que establezca dentro de un plazo de tiempo razonable las condiciones de ejercicio de los derechos de reunión, asociación y sindicación por parte de los extranjeros que carecen de la correspondiente autorización de estancia o residencia en España. Y ello sin perjuicio del eventual control de constitucionalidad de aquellas condiciones, que corresponde a este Tribunal Constitucional.

Distinto es el alcance del fallo en relación con los preceptos de la Ley Orgánica 8/2000 relativos al derecho a la educación de naturaleza no obligatoria y al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, cuya inconstitucionalidad debe conllevar la nulidad del inciso “residentes”, que figura en cada uno de ellos, pues como se ha expuesto en los correspondientes fundamentos jurídicos tales derechos se reconocen constitucionalmente por igual a todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa.

Federación Minerometalúrgica de CC.OO.

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