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El indicador de Género en el Gobierno se utiliza para
medir el grado de integración social de la democracia, ya que la mujer fue
hasta hace muy poco tiempo excluida y aún continúa la discriminación de
hecho en el acceso a posiciones de poder.
Aunque queda mucho por recorrer en el camino de una
efectiva igualdad de oportunidades y participación de la mujer en los
puestos de decisión estatal en las democracias latinoamericanas, y pese a
muchos otros signos desalentadores del comportamiento político e
institucional en la región, debe destacarse como signo positivo de estos
últimos años, el rápido crecimiento en la participación de las mujeres en
los cargos decisivos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
las repúblicas latinoamericanas.
En 2002, año de la primera medición, el promedio de
participación de la mujer en puestos de decisión en América Latina era de
apenas un 8,5%. En nuestra reciente medición de este año, este porcentaje
promedio había crecido al 21,6%, o sea que en 2002 uno de cada doce
puestos de decisión eran ocupados por mujeres, en cambio en la actualidad,
uno de cada cinco lugares está ocupado por una mujer.
Pero aún más interesante es la mirada al interior de cada
uno de los países, para citar algunos ejemplos: Brasil, pasó de un 2,0% en
2002, a un 14,3% en 2007; Costa Rica de un 16,3% en 2002, a un 30,1%
en la actualidad; Honduras del 8,6% de mujeres en posiciones de liderazgo
estatal en 2002, a un 35,5% en la última medición; en tanto que Uruguay
tenía un 4% en nuestro primer año de medición y creció a un 24,7% en la
actualidad.
Sostenemos que la consecución del objetivo de igualdad de
participación de la mujer y el hombre en la adopción de decisiones
proporciona un equilibrio que refleja de una manera más exacta la
composición de la sociedad, que se necesita para reforzar la democracia y
promover su correcto funcionamiento. La igualdad en la adopción de
decisiones políticas facilita la integración real de la igualdad en la
formulación de políticas gubernamentales y en su implementación.
La transversalización de género no es un fin sino el
camino para el logro de la equidad. Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer es uno de los ocho objetivos de la Declaración de
los Objetivos del Milenio, aprobada por la comunidad internacional en el
año 2000 en su intento por reducir la pobreza y las desigualdades. La
medición de las metas, a través de sus indicadores, es un instrumento para
ampliar las oportunidades de participación de las mujeres.
Más información: http://www.idd-lat.org/Edicion%202007hmujer.htm
/ http://www.idd-lat.org/
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