INDEPENDIENTES DEL PERÙ

Publicado el 10 de Enero, 2007, 16:30

COMUNICADO DE CEAS

A raíz de las declaraciones vertidas por el Primer Vice-Presidente de la República, Vice-almirante Luis Giampietri (r), en el diario Correo de Lima (04-01-07), en que hace una grave denuncia a la Iglesia Católica Peruana representada por su órgano de servicio para la coordinación de la pastoral social – CEAS – (Comisión Episcopal de Acción Social), con ocasión del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos señalar lo siguiente:

1.        La Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS – es un órgano de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana de la Iglesia Católica, que por más de cuarenta años ha promovido una pastoral de Derechos Humanos a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia a favor de la justicia, la democracia, el desarrollo y la paz en el Perú. CEAS es una Comisión integrada por once Obispos de la Iglesia Católica Peruana, y su actual presidente es Mons. Pedro Barreto Jimeno, S.J., Arzobispo Metropolitano de Huancayo.

2.        CEAS asumió durante muchos años la defensa legal de personas que fueron acusadas injustamente por terrorismo, logrando demostrar su inocencia ante instancias nacionales. Muchas de ellas, al estar detenidas injustamente, también fueron víctimas de otras violaciones de sus derechos.

3.        Afirmamos que la Iglesia Católica defiende la vida de todo ser humano porque es creado por Dios. El derecho a la vida es inherente a la persona, anterior a cualquier legislación del Estado, y es inalienable: Uno no pierde este derecho por ser un criminal o delincuente.

4.        Como lo ha reafirmado el Papa Benedicto XVI, en su mensaje del primero de enero de este año por la Jornada Mundial por la Paz, el respeto del derecho a la vida en todas sus fases establece un punto firme de importancia decisiva: la vida es un don que la persona  no tiene a su entera disposición. (Nº 4). Añade el Santo Padre en el N° 14 del mismo mensaje: Además, la plaga del terrorismo reclama una reflexión profunda sobre los límites éticos implicados en el uso de los instrumentos modernos de la seguridad nacional. En otras palabras, el Estado no tiene derecho de emplear los mismos métodos que los grupos terroristas en su afán de poner orden.

5.        En este sentido, todo acto de violencia que atente contra la vida de una persona, será condenada venga de quien venga. La Iglesia Católica ha condenado a lo largo de estos años los hechos violentos provocados por grupos armados que causaron terror y muerte a nuestros hermanos y hermanas. Pero también la Iglesia ha condenado hechos violentos efectuados por agentes del Estado que, transgrediendo la ley, atentaron contra la vida e integridad de personas vulnerables, como es el caso de los presos en los penales.

6.        Los años de violencia terrorista que sufrió nuestro país, y las formas de violencia que todavía sufrimos, nos enseñan que ninguna forma de violencia se justifica, pues genera más violencia, y que los más afectados siempre fueron y serán los hermanos más pobres y olvidados de nuestro país. Por ello, es preciso que nuestras autoridades luchen contra toda forma de impunidad porque, de lo contrario, se agudizarán los conflictos sociales.

Mons. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J.


Arzobispo de Huancayo


Presidente de CEAS


Lima, 05 de enero de 2007

----- Original Message -----

From: Miriam Pareja

Sent: Monday, January 08, 2007 2:50 PM

Subject: Pronunciamiento

PRONUNCIAMIENTO

El Concilio Nacional Evangélico del Perú-CONEP, entidad representativa de la comunidad evangélica de nuestro país, se dirige a las autoridades y opinión pública en general para expresar lo siguiente:
Nuestra preocupación por el curso de las investigaciones seguidas contra los ciudadanos Fortunato Yaranga Farfán, Víctor Yaranga Farfán, Sabino Yaranga Farfán, Wilber Rimache Ramos, Eloy Rojas Ramos, Jacinto Huamán Pariona, Alcides Ñaupa Curo, y Glorioso Ochoa Castillo, quienes injustamente han sido denunciados  como partícipes en la cruel emboscada en la que perdieron la vida ocho personas, a cuyas familias e instituciones reiteramos nuestra solidaridad y condolencias.
Nos extraña que -pese a que en los últimos días la policía y la fiscal adjunta a cargo de las investigaciones anunciaran a los familiares de los detenidos y a sus abogados, que los detenidos serían liberados- por razones inexplicables y que generan sospechas fundadas de que están mediando consideraciones extrajurídicas, estos ocho ciudadanos hayan sido denunciados y luego traslados nuevamente a Ayacucho, hechos que constituyen una situación de injusticia y de atropello a su dignidad. 
Es lamentable que en lugar de asumir las responsabilidades políticas que corresponden, en este caso en particular se haya buscado culpar a inocentes, recurriendo nuevamente al expediente de incriminar de hechos que revisten la mayor gravedad a ciudadanos pobres y humildes, reconocidos como hombres de bien y miembros de una de las iglesias evangélicas afiliadas a nuestra institución.
Exigimos a las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial, que corrijan esta arbitrariedad y se disponga la libertad inmediata de estos ocho ciudadanos, y reclamamos al Poder Ejecutivo actuar con responsabilidad, sin injerencias en los órganos jurisdiccionales, para no afectar la dignidad de los más pobres y excluidos, y por ende de todo el país.
Llamamos a toda la comunidad cristiana del país a mantenerse alerta en oración Dios, intercediendo para que las autoridades obren con justicia, que es su deber, para que Dios bendiga nuestro país y no permita que la etapa de violencia y vergüenza que vivimos en los años recientes, se repita.
Lima, 02 de enero del 2006

 El Consejo Directivo
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