Iolanda Fresnillo, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, analiza en este artículo lo ocurrido dentro y fuera de las reuniones que el FMI y el Banco Mundial tuvieron hace unos días en Singapur. De momento, nada cambia.

Cada año, con la llegada del otoño, Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) celebran sus Reuniones Anuales, en las que los delegados de los países miembros debaten (todos) y deciden (unos pocos) sobre las líneas generales de actuación de los siguientes doce meses, y en las que se da el disparo de salida a las iniciativas y reformas más importantes.

Cada tres años los técnicos y directivos del BM y el FMI salen de su madriguera y las Reuniones Anuales se celebran fuera de Washington. ¿Recordáis Praga en el 2000? Después vino Qatar en 2003, y este año, el 19 y 20 de septiembre, los ministros de finanzas y desarrollo de los 184 países miembros se han reunido en Singapur, bajo draconianas medidas de seguridad.

Tres temas han destacado sobre el resto durante las reuniones de este año: el Boicot a las reuniones oficiales organizado por la sociedad civil a raíz de las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de Singapur; la nueva estrategia del BM sobre gobernabilidad y anti-corrupción; y la pseudo-reforma en el reparto de votos del FMI. En todos ellos, la hipocresía de ambas instituciones se ha convertido nuevamente en la protagonista.

El diálogo con la sociedad civil en cuestión

Desde hace unos años, y a raíz de las críticas de la sociedad civil ante la carencia de democracia, legitimidad y transparencia de las gemelas de Bretton Woods, BM y FMI han iniciado un proceso de diálogo con ONG y una cierta mejora de la transparencia (que evidentemente no es total). En el marco de este proceso se organizan, con ocasión de las Reuniones Anuales, espacios de encuentro y diálogo con ONG.

Pero este año estos espacios han quedado vacíos debido a un boicot sin precedentes de la sociedad civil. La razón principal han sido las medidas de seguridad impuestas a aquellos delegados de ONG y redes que han querido viajar a Singapur para participar en estas reuniones y en otros eventos alternativos.

El Gobierno de Singapur, reconocido mundialmente por sus constantes violaciones de las libertades civiles y derechos humanos, ha impedido que más de una cincuentena de activistas entraran en el país; estos activistas han sido sometidos a deportaciones, interrogatorios o retenciones ilegales al aeropuerto.

Estas medidas han llevado a la sociedad civil a declarar un boicot sin precedentes. Hasta 163 organizaciones de Asia, África, América Latina, Europa y Oriente Medio han firmado una declaración en la que se llama a boicotear el programa oficial del BM y el FMI. La sociedad civil internacional responsabiliza a ambas instituciones por el hecho de haber escogido Singapur como sede de las reuniones, lo que es indicativo del poco interés real que éstas tienen por el diálogo con la sociedad civil.

No es la primera vez que el BM y el FMI escogen un país dónde la carencia de libertades es la tónica habitual (las últimas reuniones fuera de Washington fueron a los Emiratos Árabes). En palabras de Sameer Donassi, director de “50 años basta!” en los Estados Unidos, estos acontecimientos “ayudarán a desvelar la verdad del diálogo que establecieron el Banco y el Fondo con la sociedad civil: siempre lo hicieron en pro de su credibilidad y para legitimar sus programas”.

Mientras el BM y el FMI han celebrado sus reuniones en solitario, la sociedad civil ha organizado numerosos actos alternativos, entre los que destaca el Foro Internacional de los Pueblos contra el BM y el FMI. Más de 700 personas, de 25 países y 100 organizaciones diferentes han participado en este foro alternativo. Éstos pudieron compartir sus visiones sobre temas como la Deuda Ilegítima, la condicionalidad del BM/FMI, el problema de la corrupción/transparencia, y otros.

La declaración final refleja muy claramente el papel que el Banco y el Fondo juegan en el proceso de globalización: “Encontramos el Banco Mundial y el FMI responsables por las políticas y acciones que traen a la intensificación de la pobreza y pauperización de las condiciones de vida, la violación de derechos humanos básicos, la restricción de las libertades políticas y civiles más básicas, la expropiación de la soberanía nacional de los pueblos y de la gobernabilidad democrática, y la subversión del derecho al desarrollo”.

El BM enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción... con reservas

Tal y como se acordó a las reuniones de primavera del Comité de Desarrollo del BM y el FMI, este septiembre se ha presentado la propuesta para la nueva Estrategia de Gobernabilidad y Anti-corrupción. Esta propuesta ha recibido críticas tanto de la sociedad civil como de algunos países miembros, y la estrategia finalmente aprobada se queda más corta de lo que Paul Wolfovitz hubiese querido.

Desde que hace año y medio Paul Wolfovitz asumió la presidencia del BM (tras haber sido uno de los idearios de la invasión de Irak para la Administración Bush), la lucha contra la corrupción parece haberse convertido en su principal obsesión.

En el último año el BM ha suspendido más de mil millones de dólares en diferentes proyectos en África y Asia por denuncias contra la corrupción. Pero según denuncian algunos países miembros, los criterios para cortar los fondos han sido más bien arbitrarios, y esta estrategia acaba castigando más a aquellos que se debían beneficiar del proyecto (la población) que a los que han cometido el delito.

Por poner un ejemplo de como actúa el BM en este ámbito, hace unas semanas se hizo público que el Banco ofrecía amnistía y confidencialidad total a aquellas empresas que admitieran voluntariamente haber sido implicadas en casos de soborno y corrupción. Aquellas que no se acojan a esta oferta y sean descubiertas entran a formar parte de una lista negra y no pueden volver a trabajar con el BM. Parece que el Banco se quiere evitar hacer efectivas las sanciones al sector empresarial.

Por otro lado, nos parece más que evidente que el Banco Mundial carece la legitimidad e incluso de capacidad para convertirse en un árbitro imparcial en este tema. La historia del propio Banco está manchada por numerosos casos internos de corrupción y por el apoyo de la institución a regímenes notoriamente corruptos como los de Mobutu en el Zaire, Marcos en Filipinas, Suharto en Indonesia o Pinochet en Chile.

El mismo sistema de toma de decisiones al Banco dista mucho de lo que podemos considerar buena gobernanza. El BM no puede ser a la vez juez, jurado, fiscal e implicado en la lucha contra la corrupción, y si quiere hablar de gobernabilidad debería empezar por él mismo. Es evidente, pues, que el BM tiene un trabajo pendiente sobre el tema de la corrupción, y este debe consistir a evaluar su pasado y su presente y asumir la responsabilidad en el fomento de la corrupción. La lucha contra la corrupción es sin duda una cuestión de mucha importancia, no sólo en los países del Sur, sino también y sobre todo en el Norte, dónde las empresas transnacionales juegan un papel clave en el fomento de la corrupción. Precisamente por todo ello no se puede dejar en manos de instituciones como el BM.

Dada la controversia levantada por el tema, aun cuando el documento fue aprobado por el Comité de Desarrollo, éste se ve como un marco dónde desarrollar una estrategia que queda sujeta a futuras evaluaciones y consideraciones. El G24 destacó “la necesidad de limitar más claramente los aspectos de la Gobernabilidad que están bajo el mandato del Banco”. Así, Wolfovitz no salió de las Reuniones Anuales con poderes absolutos como él hubiera querido y los cambios que proponga estarán bajo la estrecha vigilancia de los países miembros... y de la sociedad civil.

Iolanda Fresnillo / Observatorio de la Deuda en la Globalización
Publicado en Canal Solidario<